En este artículo realizamos un análisis de los problemas que genera la nueva Ley de Costas, sin duda una de las más controvertidas tras los recientes cambios.
Y es que los propietarios de viviendas ilegales, levantadas sin ningún tipo de permiso en suelo no urbanizable, están agarrándose a la posibilidad de beneficiarse de la Nueva Ley de Costas, aprobada este verano, que reduce las zonas protegidas.
Las construcciones ilegales también se apoyan en Decretos de las Comunidades Autónomas que regularizan las viviendas irregulares o a cambios en planes urbanísticos municipales.
Ahora mismo los Fiscales de Medio Ambiente, ante actuaciones por delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, tienen muchos problemas para conseguir que se ejecuten demoliciones de las construcciones ilegales. En este aspecto para nada las nuevas normativas regularizadoras establecidas en nueva Ley de Costas les favorece..
Recordar que una orden judicial de demolición, tarda unos cuatro años de media en ejecutarse.
La Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, modifica radicalmente la Ley de Costas anterior aprobada en 1988. El texto normativo amplia las concesiones de las casas construidas en la playa en 75 años, mientras que la anterior les dio solo 30 años. También se excluyen del dominio público marítimo-terrestre 13 núcleos de población problemáticos, afectados por un discutido régimen especial.
Y por último la reducción en la práctica de la zona de litoral protegida, llamada zona de servidumbre, que en algunos casos pasan de 100 metros a 20 metros. Las viviendas situadas en esa franja de 80 metros, estaban antes sometidas a estrictos controles para hacer cualquier obra, y ahora, con la nueva Ley de Costas podrán realizar los trabajos siempre que cumplan la normativa de ayuntamientos y comunidades.
El texto, es muy controvertido y está siendo muy discutido por la oposición, puesto que reduce la protección del litoral y se traduce en la amnistía para 154.000 construcciones levantadas a pie de costa, de las cuales 3.400 son viviendas amnistiadas, 24.000 son construcciones afectadas por la concesión hasta los 75 años, 125.000 son inmuebles situados en zona de servidumbre y 1.700 son instalaciones industriales situadas casi encima del mar.