Pagar el alquiler o irse a la calle. Es la disyuntiva a la que se enfrentan muchos inquilinos-sobre todo en Madrid y Barcelona- tras la subida desmedida de precios. ¿El motivo de este incremento? Por un lado, la inflación que causa la propia dinámica del mercado inmobiliario. Por otro, la actualización de los precios como consecuencia de la caducidad de la ley que congelaba las rentas. Así, el mercado de la vivienda funciona de manera autónoma y crece en detrimento de los salarios.
Aumento desmedido del alquiler en España
La situación actual de la vivienda es una paradoja; buscamos cobijo para resguardarnos, pero los muros se nos caen encima en forma de renta prohibitiva.
Los precios continúan subiendo a pesar de la baja inflación y la congelación de los salarios para dejar de muchos inquilinos al borde del desalojo. Según datos de Fotocasa, el año 2017 cerró con un incremento del 8,9% el mayor en 11 años. Aun así, parece que no hay tregua para los arrendatarios.
Por otro lado, aquellos que mantengan la renta desde antes del 2013 –cuando se aprobó la reforma de la Ley Arrendamientos-verán el precio del alquiler actualizado en los seis primeros meses del 2018. El incremento será de aproximadamente un 35% en comparación con el año 2013. Lo que supone de unos 100 a 400 euros.
«Nadie podía prever que la demanda iba a ser tan fuerte y que los precios iban a subir tanto», asegura el responsable de estudios de Fotocasa. Con una situación insostenible para los inquilinos, los cuales destinan de media un 60% de su salario a la vivienda-cuando lo recomendable es un 30%–el mercado inmobiliario toca techo.
Actualización de la Ley de Arrendamientos
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada el 5 de junio de 2013, se dictaminó para hacer más flexible la duración de los contratos y facilitar el movimiento de un mercado estanco. Así, los alquileres pasaban a durar como mínimo tres años en vez de cinco y la extensión a un año-antes de la ley eran tres.
Los contratos de alquiler firmados desde enero hasta mayo de 2015 cumplen cinco años. Si los inquilinos quieren quedarse, tienen que firmar una extensión del contrato con una nueva renta y unos precios que despiertan tras la hibernación aumentados un 35% de media.
Así, el arrendatario puede negociar el precio con el propietario, y si este no cede el inquilino debe aceptar la subida o buscar un nuevo alquiler. Si el casero no propone unos nuevos términos el contrato se renueva automáticamente con el mismo precio.
Aunque este incremento se ha dado en los centros de las principales ciudades y en los barrios más lujosos, el efecto contagio no tarda en llegar a otros puntos de las ciudades.
El desalojo como último recurso
Si el inquilino no puede permitirse el pago de la nueva renta, se tiene que buscar otro alojamiento, y dada la situación del mercado, la nueva propiedad será de precio y características similares, por lo que el inquilino se encuentra en un callejón sin salida.
Tal y como afirman desde OCU (Organización de Consumidores y Usuarios ): «El precio del alquiler en las grandes ciudades ha experimentado subidas enormes y los salarios dan para lo que dan. Esta hiperinflación provoca que se multipliquen las situaciones de riesgo de impago para inquilinos, contrariamente a los hipotecados, donde las cuotas han bajado». Por ello, se han visto aumentados los desahucios por impagos en el alquiler, un 4,2% en 2017 y suponen un 60% del total de los desalojos.
Los ciudadanos más vulnerables son aquellos con trabajos precarios y temporales o cargas familiares importantes soportadas con un sueldo insuficiente. Por ello, el el Gobierno ha decidido activar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que verá la luz este mes y ofrece ayudas a jóvenes, mayores y colectivos vulnerables tales como los afectados por los desahucios, para atenuar, en la medida de lo posible, la subida desmedida del precio de la vivienda, que dificulta el acceso de esta población al mercado residencial o el pago de la mismo por parte de los colectivos con menos recursos.
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